La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), trajo una disrupción sanitaria, social y económica sin precedentes. En este panorama se ve un considerable incremento de personas con trastornos mentales, así como en la tasa de suicidios. El gobierno implementó una serie medidas de prevención y atención para disminuir el riesgo de contagio, así como los síntomas del virus, entre otras medidas para evitar el desplome en el sector salud, social y económico, dentro de las cuales no se encuentra la elaboración o implementación de un plan nacional para prevenir y tratar los padecimientos mentales de las personas, durante y después de la pandemia. Esto refleja una grave violación a derechos de núcleo duro reconocidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución, y de otras disposiciones internacionales, en tanto son prerrogativas básicas que deben y necesitan ser garantizadas por el Estado, al ser inherentes a la dignidad humana. Así, es conveniente y necesario aportar un estudio jurídico en que se evidencien los puntos en que ha sido omiso el Estado por cuanto hace a la garantía exhaustiva que exige el derecho a la salud, a fin de crear una base sólida de lineamientos a seguir para corregir esa situación.