Con base a los preceptos emitidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, así como los compromisos internacionales del Gobierno Mexicano en materia de educación y, en particular, en ocasión de la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos de 1994-2004 y la resolución 49/184 de la Asamblea General, que comprende la elaboración de planes nacionales y/o programas de educación en derechos humanos.

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. …la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales…..la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre.” (Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Art. 13)

La determinación de las razones, que pueden explicar el desequilibrio existente entre el interés por la enseñanza de los derechos humanos, a que instan los organismos internacionales y su escasa presencia real en las aulas es la indefinición curricular de esta enseñanza en los derechos referidos. La formación en derechos humanos, ¿es una educación moral?, ¿una educación cívica?, ¿una educación social?, ¿una educación política?… Dotar a la enseñanza de los derechos humanos de identidad curricular exige algo más que su mera presencia en el currículo. Así, los derechos se pueden emplear para finalidades muy distintas, algunas de las cuales tienen poco que ver con su sentido específico.